La corrupción y el caos político prosperan en Ucrania, afirmó este lunes el periódico The Economist, al comentar el escándalo de corrupción que sacude al círculo más cercano del líder del régimen de Kiev, tras la publicación el miércoles pasado de una nueva tanda de grabaciones de audio que forman parte de las pruebas recopiladas durante la investigación.
Según el diario, "la corrupción no se considera un escándalo excepcional, sino una práctica habitual". Los chanchullos se hacen a toda prisa porque "alguien ahí arriba está dando pataditas", subrayó el diario. Las tramas corruptas también involucran a banqueros, quienes al principio eran reacios a la idea de infringir la ley: "Queridos... se arrastran como gatitos" luego que los altos cargos hablen con ellos.
Las opiniones sobre las instituciones anticorrupción ucranianas —la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) y el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania (VAKS)— difieren: algunos opinan que contrarrestan el régimen centralizado de Zelenski, mientras que el Parlamento, el Gabinete y la oposición son débiles. Otros consideran que se han convertido en una ley en sí mismos, con el poder de decidir cuándo y cómo desestabilizar el Gobierno. Un oficial ucraniano calificó a las entidades de "un gobierno paralelo", al mismo tiempo que personas cercanas a la NABU afirman que se está politizando cada vez más.
"En cuanto lleguemos a octubre, empezará a hacer más frío y todo se irá al traste de golpe […] Hay varias personas clave aquí que son unos idiotas, y mucha gente se da cuenta de ello", señaló un alto funcionario.
Masivas redadas contra red criminal vinculada a Zelenski
La NABU y la SAP anunciaron el pasado miércoles una "operación especial para desmantelar una organización criminal" en la que estarían implicados empleados de la Oficina de Vladímir Zelenski. La organización operaba bajo el liderazgo de un diputado en ejercicio y otro antiguo parlamentario, y contaba con la participación de altos funcionarios de la Presidencia de Ucrania.
Aunque las autoridades no mencionaron la identidad de los sospechosos, los medios ucranianos reportaron que las pesquisas se desarrollan en torno a la subdirectora de la Oficina del régimen de Kiev, Irina Múdraya; el diputado Vadim Stolar, antiguo miembro del partido Plataforma de Oposición–Por la Vida, actualmente prohibido en Ucrania, y el exdiputado Maxim Mikitás. Posteriormente, se informó que Múdraya, considerada una colaboradora cercana de Zelenski, fue destituida de su cargo.
Uno de los episodios investigados gira en torno a unos 150 millones de grivnas en efectivo (3,35 millones de dólares) que fueron introducidos en el circuito financiero legal mediante una serie de cuentas pertenecientes a empresas ficticias. Según la investigación, ese dinero se usó para pagar la fianza de uno de los participantes de la organización investigada en el llamado 'caso Midas' (o 'Míndichgate'), el exministro de Energía, Guerman Galúschenko. En las grabaciones, varias personas discuten cómo introducir esa suma en el sistema financiero sin despertar sospechas entre los organismos de control.
